Álvaro García Ortiz sorteó este martes el primer envite que tenía ante sí esta semana, la posiblidad de que el Tribunal Supremo anulara su nombramiento como fiscal general del Estado atendiendo al recurso presentado por una asociación minoritaria de fiscales. Pero el jefe del ministerio público afronta este miércoles otro momento tan crítico como insólito: por primera vez, un fiscal general del Estado está citado para declarar como investigado por la Sala Penal. El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta a García Ortiz por revelación de secretos, lo ha convocado para interrogarlo sobre la filtración de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.
